En un giro inesperado que marca el inicio de la batalla legal más mediática de la década, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha modificado la narrativa penal contra Nicolás Maduro. Según el análisis de la nueva acusación publicado por El País, Washington ha sustituido la difusa etiqueta del «Cartel de los Soles» por una más técnica y probatoria: un «sistema de clientelismo». Sin embargo, lo más revelador de este cambio no es lo que se elimina, sino lo que se subraya: la conexión directa del régimen venezolano con los carteles de Sinaloa y Los Zetas.
Un cambio de estrategia: Evitar el fracaso en las cortes
La diferencia entre el documento de 2020 y el actual —redactado tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas especiales— es pragmática. El Departamento de Justicia sabe que, mientras que el «Cartel de los Soles» es difícil de probar como entidad jerárquica en un tribunal, la red de «protección y sobornos» es mucho más sólida legalmente.
Pero este ajuste técnico oculta una intención política más profunda. Al señalar que Maduro colaboró durante décadas con los carteles de Sinaloa y Los Zetas, la administración Trump no solo está juzgando el pasado de Venezuela, sino que está preparando el terreno para el presente de México.
Contradicciones y nuevos acusados
Mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, sigue usando la etiqueta de «Cartel de los Soles» para el consumo mediático, los fiscales se concentran en el círculo íntimo de Maduro. La nueva lista de imputados incluye a:
- Cilia Flores: Acusada de facilitar sobornos millonarios.
- Héctor Rusthenford Guerrero (alias ‘Niño Guerrero’): Cuya inclusión como socio de Maduro vincula por primera vez al Tren de Aragua con la estructura estatal, expandiendo el caso a una amenaza regional.
¿Objetivo: México?
Para diversos analistas, la inclusión detallada de estas organizaciones mexicanas en el expediente es un mensaje teledirigido hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. Al establecer judicialmente que el «sistema de clientelismo» de un Estado (Venezuela) fue el socio estratégico de estos carteles, Washington crea un precedente peligroso. Trump, quien ha sugerido intervenciones en territorio mexicano, encuentra en esta imputación la «evidencia» necesaria para elevar la presión diplomática, tratando a los carteles no como grupos criminales aislados, sino como agentes de una red política transnacional que justificaría medidas de fuerza unilaterales.
La gran paradoja: ¿Y el narcotráfico dentro de EE. UU.?
Sin embargo, esta ofensiva judicial y militar hacia el exterior deja al descubierto una sospecha que cobra cada vez más fuerza entre los observadores internacionales: la asombrosa inacción de Estados Unidos dentro de sus propias fronteras.
Mientras la Casa Blanca orquesta capturas espectaculares de líderes extranjeros y despliega flotas en el Caribe para interceptar lanchas, el narcotráfico dentro de territorio estadounidense parece operar con una fluidez casi invisible para el sistema de justicia. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿Dónde están los «carteles estadounidenses»?
Resulta estadísticamente imposible que toneladas de droga se distribuyan en cada ciudad del país sin una estructura logística, financiera y de distribución local masiva. Sin embargo, las imputaciones de gran escala casi nunca apuntan a los banqueros de Wall Street que lavan el dinero, ni a las redes de distribución mayorista que operan en suelo norteamericano con total impunidad.
¿Qué se pretende realmente?
Esta disparidad sugiere que la «Guerra contra las Drogas» de la era Trump ha terminado de convertirse en una herramienta exclusivamente de política exterior. Al enfocar toda la artillería judicial hacia afuera, Washington logra tres objetivos:
- Control Geopolítico: Justificar intervenciones y subordinar a gobiernos vecinos (México, Venezuela, Colombia) bajo la amenaza de sanciones o acciones militares.
- Distracción Interna: Desviar la atención del fracaso de las políticas de salud pública y seguridad interior frente a la crisis de los opioides.
- Hegemonía Regional: Reafirmar que EE. UU. sigue siendo el juez y policía del continente, decidiendo quién es «narco» y quién es «socio» según sus intereses de turno.
La nueva imputación contra Maduro, por tanto, parece ser menos un acto de justicia y más una pieza maestra en un tablero de ajedrez donde el objetivo final no es erradicar la droga que fluye por las calles de Chicago o Nueva York, sino consolidar un dominio absoluto sobre el hemisferio bajo la excusa de la seguridad nacional.
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