Lima. — Con el objetivo de alinear la fiscalización a la era de la transformación digital, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo N.º 1716, que introduce cambios sustanciales en la Ley Penal Tributaria. La norma endurece las penas contra el fraude y tipifica nuevos delitos vinculados al uso indebido de información en el sistema de emisión electrónica y el régimen de detracciones.
Entre los cambios más significativos figura la sanción de dos a cinco años de prisión para quienes proporcionen información falsa en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el fin de obtener la autorización para emitir comprobantes de pago electrónicos. Esta medida busca frenar la creación de empresas «fantasma» que operan en el entorno digital.
Asimismo, la normativa establece penas de entre cinco y ocho años de cárcel para la falsificación o adulteración de constancias de depósito de detracciones, documentos críticos para el traslado de bienes. Con ello, el Estado busca erradicar el uso de documentación fraudulenta que afecta la trazabilidad de las operaciones comerciales.
Finalmente, la norma agiliza el proceso judicial al establecer que el informe de hechos emitido por la SUNAT será sustento suficiente para acreditar la existencia de ilícitos, simplificando así las denuncias y fortaleciendo la lucha contra la competencia desleal.
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