Elecciones 2026
El 23 de abril de 2025, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) difundió una nota de prensa anunciando el inicio de la implementación del voto digital, en cumplimiento de la Ley N.° 32270 y del reglamento publicado ese mismo día. Sin embargo, más allá del tono institucional que destacó las ventajas del sistema, la comunicación dejó abierta una serie de preguntas sobre los desafíos reales que enfrentará el país al adoptar este modelo de sufragio electrónico y remoto.
Aunque el organismo electoral aseguró que la implementación será progresiva y voluntaria, la nota estableció una excepción significativa: en las Elecciones Generales de 2026, el voto digital será la única modalidad permitida para miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que se encuentren desplazados fuera de su jurisdicción. Además, el sistema estará disponible para peruanos en el extranjero y otros grupos que la ONPE definirá posteriormente. La obligatoriedad parcial planteada para ciertos sectores ha reavivado el debate sobre si el Perú se encuentra preparado para una transformación de esta magnitud.
Uno de los puntos más sensibles es la accesibilidad. La propia nota del 23 de abril detalla que solo podrán sufragar digitalmente quienes posean un DNI electrónico con certificados digitales vigentes, así como un lector de DNIe o un dispositivo con NFC. En un país donde la penetración tecnológica es desigual y donde gran parte de la población aún utiliza el DNI convencional, este requisito puede convertirse en una barrera más que en una oportunidad.
El reglamento, aprobado mediante la Resolución Jefatural N.° 000065-2025-JN/ONPE, también establece que la mesa de sufragio digital estará integrada por nueve miembros titulares y nueve suplentes, seleccionados exclusivamente entre ciudadanos con instrucción superior inscritos en el padrón del voto digital. Esto ha generado cuestionamientos sobre la representatividad de las mesas y la posible exclusión de sectores con otras realidades educativas.
La ONPE subrayó en su nota que la Solución Tecnológica del Voto Digital (STVD) contará con auditorías y medidas de seguridad. No obstante, el plazo para que las organizaciones políticas accedan al código fuente —solo desde 60 días antes de la elección hasta la víspera del proceso— es considerado por algunos especialistas como insuficiente para revisar y evaluar un sistema que debe ser completamente confiable y transparente.
Pese a que el voto digital promete reducir tiempos, costos y desplazamientos, la publicación que se hizo sobre el tema el pasado 23 de abril dejó sin responder si el país cuenta con la infraestructura, la cultura digital y la confianza institucional necesarias para una migración segura hacia un modelo electoral electrónico.
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