Acción Popular (AP), organización política que ha gobernado el Perú en cuatro oportunidades, ha quedado irrevocablemente fuera de la carrera electoral de 2026. Mediante una resolución emitida este sábado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó la nulidad de las elecciones internas de la agrupación, sepultando cualquier posibilidad de inscribir su fórmula presidencial o listas al Congreso debido a "vicios insubsanables" en su proceso democrático.
Acción Popular (AP), organización política que ha gobernado el Perú en cuatro oportunidades, ha quedado irrevocablemente fuera de la carrera electoral de 2026. Mediante una resolución emitida este sábado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó la nulidad de las elecciones internas de la agrupación, sepultando cualquier posibilidad de inscribir su fórmula presidencial o listas al Congreso debido a «vicios insubsanables» en su proceso democrático.
La medida responde a una serie de impugnaciones presentadas por la propia dirigencia del partido —encabezada por su presidente y precandidato, Julio Chávez— y corroboradas por el órgano de fiscalización electoral. El fallo confirma una irregularidad sustancial: la suplantación de delegados y la vulneración de la voluntad de la militancia.
La anatomía del fraude interno
El JNE validó las graves denuncias que señalaban que la lista de delegados utilizada en los comicios del domingo pasado no correspondía a la elegida legítimamente por las bases. Según la resolución, 31 personas no electas fueron introducidas ilegalmente en el padrón presentado ante la ONPE por Cynthia Pajuelo, entonces presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE) del partido.
La gravedad del hecho radica en su impacto sistémico: estos 31 «falsos delegados» emitieron voto en la totalidad de las mesas de sufragio. En consecuencia, el tribunal concluyó que «el 100% de las mesas presentaron un vicio sustancial», lo que contamina de nulidad absoluta todo el proceso, incluyendo la victoria preliminar del precandidato Alfredo Barnechea sobre Julio Chávez.
Un fallo definitivo sin margen de maniobra
El organismo electoral fue categórico al señalar que, debido a la preclusión de las etapas del cronograma electoral, es materialmente imposible convocar a nuevas elecciones. Con el plazo para proclamar resultados venciendo este lunes, Acción Popular se queda sin candidatos que proclamar.
Expertos en Derecho Electoral, como José Manuel Villalobos y José Naupari, coinciden en la irreversibilidad de la decisión. Aunque existen discrepancias sobre la rigurosidad procesal —Naupari cuestiona la falta de audiencia previa—, ambos juristas concuerdan en que la vía judicial o constitucional no podrá revertir la exclusión de AP de los comicios de 2026.
Guerra civil y reacciones virulentas
La resolución ha desatado una confrontación abierta entre las facciones del partido. Ricardo Burga, excongresista y uno de los impugnadores, celebró el fallo como una victoria contra la corrupción interna, anticipando la expulsión y denuncias penales contra los responsables del fraude. «Espero que quienes gestaron intelectualmente este fraude asuman las consecuencias legales», sentenció.
En la orilla opuesta, Alfredo Barnechea reaccionó con dureza, calificando la resolución de ilegal y amenazando con acciones penales contra los magistrados del JNE. «No saben con quién se están enfrentando; los vamos a perseguir en todas las instancias», declaró, evidenciando la fractura interna.
Por su parte, el exlegislador Víctor Andrés García Belaunde lamentó el daño irreparable al legado de Fernando Belaunde Terry, atribuyéndolo a la «ambición sin límites» de ciertos actores políticos que lograron destruir al partido desde adentro.
El futuro: ¿Extinción o reinvención?
Si bien Acción Popular podrá participar en las elecciones regionales y municipales venideras, el panorama a largo plazo es sombrío. Los especialistas advierten que, tras este fracaso, el partido enfrenta un riesgo real de perder su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) a partir de enero de 2027.
Lo que debía ser una fiesta democrática ha terminado convirtiéndose en el acta de defunción de la participación de Acción Popular en el próximo ciclo presidencial, obligando a una de las instituciones más antiguas del país a una profunda depuración o a enfrentar su eventual desaparición.
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