Lo que debía ser un proceso riguroso para ordenar el crecimiento urbano de Pueblo Libre terminó convirtiéndose, según la Contraloría General de la República, en un «colador» de irregularidades. El Informe de Auditoría N° 012-2025-2-2160-AC no solo revela un perjuicio económico de S/ 40,872.86, sino que describe una gestión municipal que operó durante cinco años (2020-2025) sin brújula normativa, permitiendo que el patrimonio público se viera afectado por cálculos de multas «a medida» del administrado.
Los expedientes de la discordia: ¿Error o beneficio?
La auditoría analizó con lupa 21 expedientes, pero dos casos destacan por la audacia con la que se vulneró la norma.
- El caso de la vivienda de 5 pisos (Exp. 4668-2020):
En noviembre de 2020, un administrado solicitó regularizar una ampliación y remodelación para una vivienda de 5 pisos y azotea. En el Formulario Único de Edificación (FUE), el valor real de la obra se fijó en S/ 590,161.96. Sin embargo, a la hora de pagar la multa por construir sin licencia (que por ley es el 10% del valor de la obra), el propietario presentó un cálculo propio basado en el autoavalúo del año 2015, declarando un valor de solo S/ 190,793.30.
A pesar de que el valor real figuraba en el mismo expediente, el entonces subgerente Manuel Iván Rivera Villena visó el documento. Resultado: el vecino pagó S/ 19,079 en lugar de los S/ 59,016 que correspondían. Solo en este expediente, la municipalidad dejó de percibir S/ 39,936.86.
- El cerco perimétrico «barato» (Exp. 921-2024):
En 2024, una empresa solicitó la regularización de la demolición de un cerco perimétrico. El funcionario Carlos Martín Atoche Barco y la especialista Luz Elena Bravo Peña validaron un valor unitario de S/ 128.65 para el cálculo de la multa, ignorando los Valores Unitarios Oficiales de Edificación que promedian los años 2018 y 2024. El error, aunque menor en cuantía (S/ 936.00), confirma una práctica sistemática de no contrastar lo que el ciudadano declara frente a lo que la ley exige.
Un sistema «ciego» y sin seguimiento
El reportaje de la Contraloría revela una deficiencia de control interno alarmante. Al ser consultados, los funcionarios admitieron que la Subgerencia de Obras Privadas no cuenta con lineamientos internos, directivas ni manuales para evaluar estos expedientes. Se rigen únicamente por el Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA, pero sin una metodología local que estandarice las revisiones.
- Formularios Fantasma: Se detectó que la municipalidad seguía entregando a los vecinos el «Anexo D» para autoliquidación de multas, un formulario que fue derogado en el año 2015.
- Desorden en Mesa de Partes: Los expedientes ingresan sin un «check-list» previo. Esto obliga a que los especialistas tengan que dejar sus labores para verificar requisitos mínimos que debieron ser filtrados en la entrada.
- Notificaciones en el Limbo: El desorden es tal que, en el Expediente 848-2021, una cédula de notificación emitida en septiembre de 2021 recién fue entregada al ciudadano en enero de 2022. ¡126 días después!
El archivo como refugio de la impunidad
Quizás el hallazgo más inquietante es el destino de las solicitudes rechazadas. Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), cuando una solicitud de regularización es declarada «en abandono» o «improcedente», la Subgerencia de Obras debe derivar el caso a Fiscalización y Sanciones Administrativas.
¿Por qué es vital este paso? Porque si un vecino no pudo regularizar su construcción, significa que esta es ilegal y, potencialmente, debe ser demolida. Sin embargo, la auditoría confirmó que la Subgerencia simplemente archivaba los expedientes. Al no informar a Fiscalización, las obras irregulares permanecen en el distrito sin que nadie las supervise ni sancione, creando un riesgo para la seguridad urbana y el ordenamiento territorial.
La defensa de los implicados
Los funcionarios señalados intentaron defenderse bajo el Principio de Presunción de Veracidad, argumentando que ellos solo reciben lo que el administrado declara bajo juramento.
Sin embargo, el informe del OCI es tajante: la presunción de veracidad se aplica a la recepción de documentos, pero la evaluación técnica y legal es una responsabilidad irrenunciable del funcionario. «No es una mera recepción administrativa, es una validación de fondos públicos», señala el documento.
Recomendaciones drásticas
La Contraloría ha solicitado a la Alcaldesa de Pueblo Libre:
- Sanciones: Iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas para los exsubgerentes y la especialista involucrada.
- Acción Legal: La Procuraduría de la Contraloría iniciará acciones civiles para recuperar los S/ 40,872.86 perdidos.
- Reforma Total: Se exige la creación de un manual de procedimientos y un registro informático de expedientes para evitar que los plazos sigan «venciéndose» en los cajones de los funcionarios.
Este informe desnuda una gestión que, por omisión o falta de herramientas, permitió que la informalidad constructiva ganara terreno en uno de los distritos más tradicionales de Lima.
La Contraloría ha ordenado a la Procuraduría iniciar las acciones legales para recuperar el dinero y a la Alcaldía sancionar a los involucrados. Sin embargo, para los vecinos de Pueblo Libre, la duda persiste: ¿Cuántas construcciones inseguras se esconden tras esos expedientes archivados a la fuerza?
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