Una alarmante tendencia vulnera la seguridad jurídica de miles de peruanos: ciudadanos que jamás han delinquido enfrentan graves procesos judiciales, órdenes de captura y «muerte civil» financiera debido a la suplantación de su identidad por parte de organizaciones criminales.
Casos recientes, como el de Luis Alexander Abarca, un comerciante detenido por un fraude bancario millonario que no cometió, o Rosangélica Quiñones, rechazada laboralmente por antecedentes policiales generados tras el robo de sus datos, evidencian una falla estructural en la protección de datos personales y la seguridad en las telecomunicaciones.
Cifras en aumento y modalidades delictivas
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, en 2023 se reportaron 10,596 denuncias por suplantación de identidad a nivel nacional. Hasta noviembre del presente año, la cifra ya alcanza los 8,603 casos.
El fiscal adjunto provincial de Lima Norte, Nelvin Espinoza Guzmán, advierte que este incremento está directamente vinculado al auge de las extorsiones y el fraude digital. Las bandas criminales obtienen datos a través del robo de DNI, phishing o la compra de bases de datos ilegales para activar líneas telefónicas y cuentas bancarias, dejando a ciudadanos inocentes como los titulares de las herramientas usadas para el delito.
El mercado negro de las telecomunicaciones
A pesar de la normativa vigente y la Ley 32451, que tipifica como delito penal la comercialización y activación ilegal de líneas móviles, la venta ambulatoria de chips persiste. Matilde González, vocera de Osiptel, reconoció que, aunque se imponen multas a las operadoras, la informalidad en la distribución de chips facilita el anonimato de los delincuentes.
Expertos en derecho digital, como el abogado Henrry Valdiviezo, señalan además una problemática técnica: el reciclaje de números telefónicos. Al darse de baja una línea, esta vuelve al mercado en 90 días, lo que puede vincular a un nuevo usuario con actividades ilícitas del propietario anterior.
Indefensión ciudadana
Las víctimas, muchas veces personas de bajos recursos, se enfrentan a un sistema que presume su culpabilidad. Denuncias por pérdida de DNI que no aparecen en el sistema policial o fiscales que exigen reparaciones civiles impagables son parte del calvario.
«Es vital que el ciudadano denuncie inmediatamente la pérdida de su DNI para generar un antecedente probatorio. Sin embargo, el Estado debe garantizar que estos registros sean efectivos y accesibles», remarcó Valdiviezo.
Ante esta situación, se hace urgente una revisión de los protocolos de validación biométrica en la venta de servicios de telecomunicaciones y una mayor celeridad en el sistema de justicia para diferenciar a las víctimas de los victimarios.
Leer más:
Sobre el autor
